El peligro de las hidroeléctricas sobre el río Atrato

09/12/2021


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El Atrato es el tercer río más caudaloso de Colombia. Se extiende por todo el departamento del Chocó, desde su nacimiento en el Cerro Plateado, en el municipio El Carmen de Atrato, hasta su desembocadura en el mar Caribe, en la región del Urabá. Este río se destaca por su importancia ecológica, identitaria y biocultural para las comunidades negras, indígenas y campesinas que transitan su cuenca y que viven con él. 

Los proyectos en trámite

Desde 2012, en el gobierno nacional se ha venido planteando la idea de aprovechar energéticamente el caudal del río Atrato, especialmente, en su cuenca alta, en inmediaciones a su nacimiento. En concreto, se ha venido hablando de un proyecto de varias microcentrales eléctricas conocido como Talasa.

Este se remonta a septiembre de 2014, cuando la empresa colombiana Universal Stream S.A.S. adelantó trámites administrativos para el establecimiento de cuatro centrales en las cuencas alta y baja del Atrato. Universal terminó cediendo el proyecto a la empresa Talasa ProjectCo S.A.S. – E.S.P. en 2016, que emprendió de nuevo los trámites para tres de las cuatro microcentrales inicialmente proyectadas. 

Adicionalmente, desde agosto de 2019 ha sido promovido un proyecto de nombre Central Hidroeléctrica La Puria y otro de nombre Río Grande, a ser construidos en el río Grande, un afluente del Atrato también en El Carmen, por parte de la empresa Hydrofirst Inc. Colombia S.A.S. 

¿Las microcentrales como energía verde? 

Estos tres proyectos comparten una modalidad de centrales de generación hidroeléctrica conocida como “a filo de agua”, siendo calificados como “pequeñas centrales hidroeléctricas” (PCHs). En escenarios públicos, estos proyectos han sido presentados como fuentes de energía verde, pues afirman que, al aprovechar una fuente renovable de energía y al no requerir del represamiento de aguas e inundación de tierras en amplias extensiones, no se generarían altos impactos, como otros proyectos hidroeléctricos de gran envergadura que hemos visto en Colombia, como El Quimbo e Hidroituango. Esto, sin embargo, es debatible. 

Sin importar la magnitud de los proyectos, la construcción y operación de centrales hidroeléctricas tiene amplias afectaciones sobre los modos de vida de las comunidades que habitan los ríos represados, así como en las dinámicas ecológicas de los mismos, sus caudales y lechos de aguas. Más grave aún es que Colombia no cuenta con estándares nacionales estrictos para clasificar las dimensiones de las represas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) cuentan con modelos distintos de clasificación según la capacidad de generación que tenga cada central. Esta falta de estandarización ha permitido que centrales hidroeléctricas (con potencial de 20 MW o superior) sean presentadas como pequeñas centrales o como proyectos de menor impacto ambiental. Tal ha sido el caso de dos de los tres proyectos que componen Talasa: cada proyecto estima una capacidad de 19,9, 71 y 80 Megavatios.

La situación frente a estos estándares es preocupante. En los mismos estudios ambientales presentados por la empresa, se reconoce que dos de las tres centrales requerirán de áreas de represamiento e inundación para garantizar el funcionamiento de las centrales. Información que no ha sido comunicada abiertamente a las comunidades en territorio.

Instalación de hidroeléctricas pero la gente sin luz

El proyecto es promocionado como una estrategia para garantizar el acceso a energía a una de las regiones más rezagadas en la materia en el país, como lo es Chocó. Se calcula que la capacidad de generación de estos proyectos supera más de cuatro veces la energía que consume el departamento. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que este servicio llegue a esta población.

Por el contrario, el sistema del mercado energético en Colombia ha disociado las etapas de generación, transporte y distribución de energía, sin que exista correlación entre los lugares productores y los consumidores. En este sentido, la energía a producir está proyectada para salir hacia el Sistema Interconectado Nacional en dirección a Antioquia, y de ahí al resto del país e incluso con destino al exterior. La lógica del mercado energético en Colombia está pensada, no en garantizar el acceso al servicio para el grueso de la población, sino en perseguir ventajas competitivas para abastecer a grandes consumidores privados que garanticen mayor rentabilidad.

¿En dónde quedarían los derechos otorgados al río Atrato?

Aunque el aprovechamiento del agua para la generación energética es un tema amplio de debate, el caso del Atrato merece un análisis especial, por haber sido declarado como un sujeto de derechos por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-622 de 2016.

En virtud a esta decisión, al río Atrato se le reconocieron los derechos amplios e integrales a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Este reconocimiento de derechos se enmarca en un movimiento amplio que aboga por los derechos de la naturaleza y, específicamente, por los de los ríos. Con 18 casos, el auge de los derechos de la naturaleza ha consolidado a Colombia como un referente de vanguardia a nivel mundial en la materia. 

En este ámbito se habla de los derechos de los ríos a fluir libremente, a la realización de funciones esenciales en sus ecosistemas, a alimentar y ser alimentados por acuíferos sostenibles, a la biodiversidad nativa, a estar libres de contaminación, y a la restauración. Toda esta serie de derechos guardan relación con aquellos reconocidos al Atrato, por lo que la construcción y operación de centrales hidroeléctricas sobre este, contraría su garantía y realización,  así como su supervivencia en tanto tejido ecológico y comunitario alrededor del cual se articula la vida local.

Vale recordar que hasta el momento el Atrato es uno de los últimos grandes ríos que se fluyen libres de represamiento en Colombia. Sería cuestionable, que después de que el Estado le otorgó derechos al río para garantizar sus condiciones vitales, al tiempo estimule proyectos que afectan su dinámica ecosistémica. 

Los impactos también serían sociales 

El establecimiento de hidroeléctricas no solo afecta los derechos propios del río Atrato sino también aquellos de las comunidades humanas que lo habitan: indígenas, negras y campesinas. En el caso de las dos primeras, el territorio ha sido reconocido como un derecho fundamental, que se asienta en la relación de interdependencia entre la supervivencia de los pueblos étnicos, su identidad cultural y el territorio ancestral. Por su parte, las comunidades campesinas también cuentan con derechos diferenciales a la tierra, al agua, al ambiente y a la participación política y en materia ambiental.  El derecho a la titulación colectiva del territorio, otorga la autonomía para su libre administración, sin que pueda existir una intervención inconsulta sobre el mismo. 

Las afectaciones causadas por la construcción y operación de una o varias centrales hidroeléctricas para el aprovechamiento del caudal del río Atrato, perturbarían a un mediano y largo plazo la integridad de su tejido biocomunitario1. Los modos y los proyectos de vida de la diversidad cultural y biológica que caracteriza a la cuenca se ven amenazados por estos proyectos hidroeléctricos, que generan limitaciones a las condiciones para moverse, afectan la calidad del agua y los ecosistemas ribereños, afectan las economías tradicionales de las comunidades locales, entre muchos otros impactos. Impactos que han sido ampliamente documentados en Colombia2 y el mundo3.

Bajo este panorama, y la insuficiente información por parte de las autoridades locales en materia ambiental, el avance de los proyectos hidroeléctricos en el río Atrato amenaza la materialización de los derechos del río, así como los derechos de las comunidades atrateñas. No debería ser necesario recordar que las comunidades chocoanas han estado históricamente rezagadas y han sido desproporcionadamente afectadas por la guerra y la ausencia de un Estado con enfoque social.

Ante este escenario, sería importante promover un diálogo abierto para evaluar la pertinencia de dichos proyectos, que como comprueba la historia de nuestro país, han resultado en que los beneficios del “desarrollo” no lleguen a las comunidades locales y sean estas quienes asumen los impactos negativos, costos y daños directos y colaterales de la implementación de estos proyectos. 

Notas

  1. Esto es, las relaciones de vida mutua entre seres humanos y no humanos atrateños que cohabitan y construyen su vida con el río.
  2. Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente. “Impactos socioambientales y posible afectación de derechos derivada de la generación hidroeléctrica en Colombia”. Bogotá, 2017.
  3. International Rivers. “El Engaño a los Ríos: Energía Hidroeléctrica de Filo de Agua”, 2016.

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