¿Por qué Colombia debe intervenir en las negociaciones del Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos?

06/10/2023


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Organizaciones sociales y congresistas debatieron, junto a representantes del gobierno nacional, sobre la necesidad de mecanismos que obliguen a las corporaciones transnacionales a ser responsables en materia de Derechos Humanos. Actualmente el instrumento que mejor cumple con esa condición es el Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos, cuyo tercer borrador actualizado se discutirá las próximas semanas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. 

Según cifras del Transnational Institute, de las 100 entidades más ricas del mundo, 69 son empresas, y desde 1972 se ha intentado regularlas sin éxito. Así lo indicó Juliana Rodrigues de Senna para retratar la asimetría de poder que representa mantener un esquema de autorregulación para las corporaciones que es el que existe hoy a través de marcos regulatorios en los que la voluntariedad impera, como es el caso de los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos y los Planes Nacionales de Acción, entre otros.

A su turno en el debate, la Directora Ejecutiva del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA señaló que hay un acuerdo entre las organizaciones sobre la necesidad de dispositivos vinculantes para frenar la impunidad corporativa por dos motivos fundamentales. Primero, el reconocimiento de un hecho evidente: las empresas transnacionales violan derechos humanos y segundo, que esa situación no ha sido reconocida políticamente, lo cual se ha traducido en un escenario de  impunidad. “Una de las razones centrales para que nos encontremos ante esta situación es el hecho de que no contamos con una regulación obligatoria para las empresas en materia de derechos humanos. Ello se explica en el poder que tienen empresas transnacionales, que incluso rebasa el poder de algunos Estados, debido al cual han logrado imponer el paradigma de la voluntariedad. Se trata de un paradigma inconducente para atender violaciones de derechos humanos. Por ello requerimos que para el gobierno del presidente Gustavo Petro sea una prioridad la regulación de las empresas, y aunque celebramos el respaldo dado a las negociaciones del Tratado Vinculante que se hizo en las negociaciones del 2022, hay que dar un paso más para que Colombia aporte de manera activa a los contenidos de este instrumento internacional.”, aseguró Viviana Tacha.

La Directora Ejecutiva de SIEMBRA insistió en la urgencia de hacer a las corporaciones responsables en los rangos civil, administrativo y penal en materia de violación de derechos humanos, lo que debe conducir al acceso a la justicia para las víctimas del poder corporativo que, señaló, “es el corazón de cualquier norma obligatoria”, y recordó que el freno a los procesos de participación en materia ambiental de las Consultas Populares que ocurrió por una decisión de la Corte Constitucional fue resultado de un litigio promovido por una corporación transnacional, en donde las empresas desconocían el hecho de tener obligaciones de respeto del derecho fundamental a la participación.

Por su parte, David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, aseguró que “la crisis climática y ambiental también es una crisis de derechos humanos” y que “debido a un oscuro mecanismo creado por los tratados internacionales de comercio e inversión que otorga a los inversores extranjeros un inmenso poder, estas acciones estatales esenciales para proteger el medio ambiente y abordar la crisis climática pueden estar siendo bloqueadas”. Boyd se refiere al mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS) que han usado las corporaciones transnacionales para demandar a los Estados.

“Los tiburones pueden sentir sangre en el agua. Los abogados corporativos pueden percibir el dinero fácil. El número de casos conocidos de ISDS relacionados con las medidas adoptadas por los Estados para proteger el medio ambiente se ha disparado de 12, antes del año 2000, a 37, entre 2000 y 2010, y 126, en el período comprendido entre 2011 y 2021, Colombia ya se ha visto afectada por 20 casos conocidos de ISDS, 12 de los cuales involucran minería y combustibles fósiles”, reseñó el Relator, quien concluyó: “El instrumento legalmente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos que se está negociando actualmente es otra herramienta importante para hacer que las empresas rindan cuentas de sus responsabilidades en materia de derechos humanos”.

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz señaló que la exigencia del Tratado Vinculante no es nueva. Se trata de un trabajo que se realiza articuladamente entre sociedad civil y congresistas comprometidos con los Derechos Humanos desde hace varios años. Además llamó al gobierno a cumplir las proyecciones hechas en materia de compensaciones económicas y política internacional de derechos humanos, y avanzar en un marco normativo interno que conduzca a una ley en derechos humanos y empresas mientras avanzan las negociaciones del Tratado Vinculante en Naciones Unidas.

Las razones para que Colombia se ponga a la cabeza del debate sobre Empresas y Derechos Humanos saltan a la vista y es que el gobierno nacional debe tomar partido en el texto del Tratado Vinculante que se discutirá en Ginebra.

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