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EXTRACTIVISMO Y PODER CORPORATIVO

Desde SIEMBRA consideramos que el impulso de las industrias extractivas como base del modelo de desarrollo constituye uno de los principales problemas del país, frente al cual resulta imperioso plantear alternativas. Se trata de un modelo de despojo que, históricamente, ha creado situaciones de injusticia, ha significado la violación de derechos, ha profundizado esquemas de desigualdad y es generador de conflictos socioambientales. Se trata de conflictos relacionados con el acceso y control de bienes comunes, enfrentando actores que tienen intereses y valores opuestos en un contexto de asimetría de poder. Dentro de estos actores, las corporaciones del sector extractivo tienen un lugar central en la profundización de dichos conflictos, pues no solo tienen la capacidad de influir en las políticas públicas y en la legislación para el sector extractivo, sino que además han causado múltiples daños ambientales y son responsables de violaciones de

Los conflictos que se desprenden de la instalación del extractivismo en los territorios están relacionados con el acceso, uso y control de bienes comunes, los cuales enfrentan actores que tienen intereses y valores opuestos sobre el territorio en un contexto de asimetría de poder.

Las corporaciones de los sectores extractivos tienen un lugar central en la profundización de dichos conflictos, pues no sólo tienen la capacidad de influir en las políticas públicas y en la legislación de este sector, sino que, además, han causado múltiples daños ambientales y son responsables de violaciones de derechos humanos en los lugares donde operan, sin que exista una debida prevención y control por parte del Estado, mecanismos suficientes para perseguir y condenar a los responsables, ni políticas tendientes a reconocer y reparar estos daños. Por ello, además de trabajar para superar el extractivismo como paradigma socioeconómico preponderante en el país, para SIEMBRA resulta indispensable trabajar para exigir la responsabilidad legal y política de las corporaciones en las graves violaciones de derechos e impactos que generan en los territorios, cuestionando y develando el andamiaje institucional nacional e internacional que permite y abriga la impunidad de su operación.

De igual modo, reconocemos los impactos que ha tenido la articulación entre conflicto armado, violencia sociopolítica y el extractivismo de carácter ilegal en las formas de vida comunitarias, y apuntamos a develar estas relaciones y las afectaciones territoriales que genera. Asimismo, impulsamos la comprensión de las estructuras legales, políticas y económicas que permiten e impulsan estas afectaciones.

Este eje lo abordamos desde las siguientes líneas de trabajo:

  • Marcos regulatorios nacionales de sectores extractivos. Trabajamos desde la comprensión y cuestionamiento de los marcos legales y políticas públicas sectorizadas sobre minería, hidrocarburos, agroindustria, represas, etc.
  • Empresas y Derechos Humanos. Ante la preocupación sobre la manera más eficaz de regular a las empresas, trabajamos en análisis críticos sobre tratados comerciales, tratados de inversiones, política nacional de Empresas y Derechos Humanos, iniciativas voluntarias sobre Empresas y Derechos Humanos e iniciativas de carácter vinculante para la regulación del comportamiento empresarial.
  • Dinámicas socioeconómicas y políticas que generan apropiación de bienes comunes en los territorios. Trabajamos por entender las dinámicas nacionales y globales detrás de la disputa y apropiación de los bienes comunes a lo largo de las cadenas de producción y comercialización, las cuales pueden tener un pie en lo legal y el otro en lo ilegal, de modo que la cadena requiere coordinación de una multiplicidad de actores.