Esta sentencia surgió como resultado de un proceso de litigio impulsado por las comunidades del Litoral Pacífico Chocoano. Por medio de esta sentencia, los Tribunales de primera y segunda instancia acogieron las pretensiones de los accionantes y emitieron cinco órdenes encaminadas a proteger la pesca artesanal por medio de la implementación de un plan para mitigar los impactos de la pesca industrial, así como el diseño de medidas para lograr la ampliación y protección efectiva de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), entre otras medidas.