Desde hace una década, en Naciones Unidas se discute la creación de un tratado internacional que regule a las empresas transnacionales según el derecho internacional de los derechos humanos. Dado que aún no existe un instrumento internacional efectivo, las transnacionales han promovido marcos voluntarios débiles que evitan su control y sanción, y son desproporcionados en relación con el impacto de sus operaciones en los derechos humanos. El “Tratado Vinculante” busca cambiar esta situación, afirmando la primacía de los derechos humanos sobre otros marcos normativos como el desarrollo económico.

En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 26/9, creando un Grupo de Trabajo para elaborar un tratado vinculante. La sociedad civil ha apoyado este proceso, insistiendo en la necesidad de regular a las transnacionales y fortalecer la protección de los derechos humanos. En Colombia, las organizaciones sociales han trabajado para incluir el Tratado en la agenda del gobierno, que cambió su postura en 2022, apoyando activamente el proceso desde entonces.

Este documento busca fortalecer la participación de Colombia en el proceso del Tratado Vinculante, proporcionando herramientas para profundizar los debates. Además, ofrece una mirada histórica del proceso y presenta recomendaciones para avanzar en la postura del Estado colombiano en las negociaciones del tratado.