Organizaciones socioambientales propusieron al Congreso una Ley de Democracia Ambiental

06/07/2021


Marcha Carnaval

Bogotá, 6 de julio de 2021.

La iniciativa fue respaldada por 105 organizaciones de 48 municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Quindío, Cesar, Risaralda, Santander y Tolima.

Organizaciones sociales que integran el Movimiento Nacional Ambiental anunciaron que presentaron ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley Estatutaria. Esto, con el objetivo de que se regule el derecho a la participación ciudadana frente a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

“El 20 de julio inicia una nueva legislatura y con esta propuesta buscamos que se establezcan mecanismos claros para garantizar que las comunidades que puedan resultar afectadas por proyectos de minería e hidrocarburos participen activamente en la toma de decisiones frente a su territorio”, manifestó Robinson Mejia, integrante del Movimiento Nacional Ambiental.

Es importante mencionar que la propuesta ya fue acogida por los congresistas Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Inti Asprilla, Angélica Lozano, Jorge Eduardo Londoño y María José Pizarro y será radicada al iniciar la legislatura del Congreso de la República en los próximos días.

Esta iniciativa surge luego de que, en el 2018 y mediante la sentencia SU-095, la Corte Constitucional ordenara al Congreso expedir una ley que garantice mecanismos de participación para que la ciudadanía se exprese frente a proyectos mineros y de hidrocarburos.

Dicha orden tiene como origen la constatación que hizo la misma Corte, a partir del caso analizado en ese fallo, de la inexistencia de mecanismos específicos para garantizar el derecho a la participación ciudadana en la legislación minera y en la de hidrocarburos. En palabras de la Corte, el hecho de que las leyes que regulan dichas industrias no garanticen este derecho constituye un “déficit constitucionalmente inadmisible”.     

Sin embargo, a pesar de que la orden de la Corte fue dada en el 2018, hoy, tres años después, el Congreso aún no ha discutido una propuesta legislativa que apunte en esta dirección, pues se han debatido otras propuestas que no han tenido el enfoque en la participación ciudadana, por lo que el Congreso sigue en deuda con la ciudadanía.

“Tomando como base la sentencia de la Corte, lo que buscamos con esta iniciativa es garantizar un enfoque de derechos que nunca ha tenido la legislación minera y de hidrocarburos y garantizar la ampliación del principio democrático a aspectos tan relevantes para la vida social como la implementación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”, explicó Viviana Tacha, abogada de SIEMBRA, Centro Sociojurídico para la Defensa del Territorio.

Las propuestas del proyecto de ley para garantizar esta participación retoman mecanismos ya existentes como el cabildo abierto y las audiencias públicas, pero adaptadas a las necesidades socioambientales de los territorios. Así, el proyecto desarrolla un cabildo abierto socioambiental y una audiencia pública de control socioambiental para garantizar la participación de la ciudadanía en distintas fases de estos proyectos, teniendo en cuenta si estamos frente a nuevos proyectos, proyectos en fase de exploración o proyectos en fase de explotación o cierre.

El diseño de estos mecanismos de participación tiene, además, una base común, consistente en la comprensión amplia y compleja del territorio. De esta manera, la toma de decisiones no se orientará solamente, tal como sucede actualmente, por el potencial minero energético de los territorios sino por otros factores ambientales, económicos, sociales y culturales relevantes para la vida comunitaria.

Este Proyecto de Ley, además, establece el derecho de prelación en la realización del cabildo abierto socioambiental para los municipios que ya hayan realizado consultas populares frente a proyectos extractivos, así como para aquellos que hayan adoptado acuerdos municipales sobre este tema. De esta forma, se hace un reconocimiento explícito de la legitimidad y vigencia de estos ejercicios de la ciudadanía, que cumplieron con todos los requisitos legales y a través de los cuales el pueblo expresó su voluntad. Con esta propuesta, las organizaciones buscan prevenir el surgimiento de nuevos conflictos socioambientales y solucionar los que se encuentran vigentes, provocados por la imposición de los proyectos mineros y petroleros, así como profundizar el modelo de democracia participativa que caracteriza la Constitución Política de 1991.

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