El 2023 ha sido un año muy importante para la implementación de la sentencia T-622. Por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo incorporó al Atrato en su articulado, y finalmente el Gobierno nacional se sentó en pleno, junto con las organizaciones comunitarias de la cuenca, a diseñar una estrategia de implementación de los planes de acción que ordenó la sentencia y que terminaron de ser formulados en 2021. Así es como va el nuevo gobierno de cara al Atrato.

La construcción de dicha estrategia de carácter nacional era un paso necesario que los guardianes venían pidiendo por años, pero que se logró llevar a cabo en virtud a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un auto en que ordenó al Ministerio de Ambiente, como guardián estatal del río, realizar un Foro que diera como resultado la elaboración de un diagnóstico de identificación de las razones del lento avance en la implementación de la sentencia, así como el diseño de una estrategia que permitiera a los responsables superar las brechas identificadas.

En cumplimiento de este auto, durante el mes de mayo en la ciudad de Bogotá, el Ministerio de Ambiente llevó a cabo unas jornadas previas al foro ordenado que estuvieron enfocadas en la identificación de las brechas. En estas participaron todos los Ministerios y entidades vinculadas a la sentencia del nivel central, así como delegados de la Gobernación de Antioquia (con ausencia de la del Chocó), de unos Municipios, junto al Comité de Seguimiento y algunos guardianes quienes fueron acompañados por el equipo de SIEMBRA como sus apoderados judiciales. 

Pre-foros “Atrato: territorio de cultura y vida”

Como resultado de estos pre-foros, se lograron identificar cuatro brechas principales que tiene la sentencia: (i) falta de articulación intersectorial y multinivel, producto -en gran medida- de la falta de voluntad de diversas entidades responsables (dentro de las que destacan: municipios, gobernaciones, Ministerios de Defensa, Interior, Hacienda, DNP, Presidencia);  (ii) agudización de la minería ilegal, (iii) falta de recursos financieros, (iv) problemáticas en el ejercicio de ciertos roles o instancias creadas por la sentencia.

Esquema de instancias creadas por la sentencia T-622 para su implementación

Elaboración propia

Con un diagnóstico exhaustivo sobre las problemáticas, el 18 de julio, en el marco de una sesión de la Comisión Intersectorial para el Chocó (CICH), se celebró en Quibdó el Foro “Atrato: territorio de cultura y vida” que había sido ordenado por el Tribunal. Este espacio, en el cual tuvieron asiento todos los actores involucrados en la sentencia, tuvo por objeto construir la estrategia nacional para dar celeridad al cumplimiento del fallo, buscando la asunción de compromisos concretos por parte de las entidades responsables.

Sesión de la Comisión Intersecotrial para el Chocó CICH – Foro “Atrato: territorio de cultura y vida”

Dentro de los principales compromisos planteados por el Gobierno nacional para la superación de las brechas identificadas se resalta: primero, que la CICH se constituirá en el escenario de articulación del gobierno para el impulso de la sentencia, en estrecha coordinación con la Comisión de Guardianes, y bajo un enfoque de dar impulso a mega-proyectos transformacionales para la cuenca; segundo, que la Presidencia de la República, por medio de la Alta Consejería para las Regiones acompañará al Ministerio de Ambiente en su rol de representante legal del Atrato, coadyuvando la vinculación de los demás sectores del gobierno para el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la sentencia; tercero, que el Ministerio de Ambiente abrirá una subcuenta para el Atrato dentro del recientemente creado Fondo para la Vida, desde donde se financiarán las acciones de recuperación ambiental de la cuenca, bajo proyectos que superen la brechas de la anualidad de las vigencias que regían el gasto público en el antiguo FONAM; y cuarto, que el DNP y Ministerio de Hacienda presentarán a la CICH una ruta para operativizar las diferentes fuentes de financiación contempladas en el nuevo PND que pueden garantizar el cumplimiento de las acciones de la sentencia, así como brindarán asesoría y acompañamiento a los diferentes entidades responsables que los requieren en la gestión para el acceso de los recursos disponibles. 

Estos compromisos son un paso importante para superar algunas de las limitaciones que ha presentado la T-622. No obstante, el Foro dejó un sabor agridulce debido a que, por un lado, la mayoría de las entidades siguen sin asumir un rol activo y sin adecuar su gestión a la lógica de implementación de la sentencia y de los planes de acción que fijaron la hoja de ruta para el cumplimiento de lo ordenado. Por el contrario, se limitan simplemente a presentar su oferta institucional, carente de cualquier lógica estratégica de intervención, que lejos de superar, reproduce las dinámicas institucionales que dieron origen a la sentencia. 

Y por el otro lado, quedó muy latente la preocupación por la continuación de la minería ilegal, una de las brechas principales, en un contexto de agudización de problemas de seguridad en el territorio. Frente a esto, el Ministerio de Defensa anunció un plan de choque, no obstante, desde el Cuerpo Colegiado de Guardianes se insiste en que lo que se requiere es revisar el plan de acción de la orden sexta que nunca fue concertado y que presenta toda una serie de falencias en su enfoque, lo cual ha derivado en la rotunda ineficacia en el control de este fenómeno extractivo. 

Al día siguiente del Foro, se llevó a cabo la XVIII sesión de la Comisión de Guardianes, precedida por la ministra de ambiente Susana Muhamad y el delegado de los guardianes comunitarios. En este espacio la ministra presentó una propuesta estratégica de intervención en la cuenca para los próximos años a la luz del PND, y en particular, de dos de sus pilares fundamentales: el ordenamiento alrededor del agua y la convergencia regional.

XVIII Sesión de la Comisión de Guardianes del Atrato

Por otro lado, el Ministerio mostró avances en la estructuración de un mega-proyecto ambiental a 2030 con el cual se le busca dar cumplimiento al plan acción de orden quinta que está bajo su liderazgo. Para esto es crucial el anuncio sobre la Subcuenta Atrato en el Fondo para la Vida. También planteó una propuesta formulada por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) de zonificación de la cuenca del Atrato en seis subregiones -de acuerdo con sus características ambientales y socioculturales-, para organizar la intervención estatal por estos núcleos.

Por su parte, los guardianes comunitarios propusieron dar especial énfasis en la materialización del Artículo 275 del PND, el cual fue producto de su trabajo de incidencia directa junto a la bancada afro durante el trámite legislativo. El cumplimiento de este artículo se presenta como una oportunidad vital para avanzar en la superación del rezago que tiene la región frente al saneamiento básico. 

El Cuerpo Colegiado insiste en que el Atrato es una oportunidad clara para el actual gobierno de lograr una victoria temprana que atienda a sus apuestas en materia de justicia ambiental y racial, en una de las regiones más biodiversas del país, pero también con mayor conflictividad e impactos. Este proceso ya tiene un gran trecho recorrido pues cuenta con una hoja de ruta trazada en un ejercicio de gobernanza ambiental ampliada bajo la noción del ordenamiento del territorio alrededor del agua. Se espera entonces contar con la voluntad política que lo materialice.

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