En una reciente decisión, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) sancionó a la empresa minera AngloGold Ashanti (AGA) con una multa de 45 millones de pesos, por alterar ilegalmente la estructura de captación de aguas concesionada por la entidad para el proyecto minero La Colosa, lo cual les permitía aprovechar más agua de la autorizada en la quebrada La Arenosa.

La decisión se dio luego de que la autoridad ambiental determinara que, en 2015, tras una inspección en los predios La Paz y Campo Alegre, en la vereda La Luisa del municipio de Cajamarca, AGA había modificado la estructura de captación de aguas sin autorización. Cortolima determinó que las modificaciones realizadas no cumplían las condiciones técnicas y que estaban diseñadas para obstaculizar el flujo necesario de agua en la quebrada, beneficiando a la empresa al permitirle captar un mayor caudal.
Estas acciones contravienen lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 4334 de 2010, que regulan el diseño y funcionamiento de dichas obras. Por ello, además de la sanción impuesta, AGA fue incorporada en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA.

Esta concesión de aguas fue terminada por Cortolima mediante la Resolución 1646 de 2019 en cumplimiento de la consulta popular de Cajamarca, sin embargo, AGA demandó su nulidad ante el Consejo de Estado, cuya decisión se encuentra pendiente de la sentencia de primera instancia. Esta demanda hace parte de la estrategia de AGA de atacar judicialmente cualquier decisión en su contra, incluso cuando estas se profieran con fundamento en la normatividad que los obliga.

Este no es el único incumplimiento en el que ha incurrido AGA en el marco de sus operaciones en Colombia. También ha desconocido la regulación tributaria y ha presentado declaraciones de impuestos erróneas entre 2010 y 2014. De hecho, se cuenta con decisiones del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han ordenado a AGA el pago de 90.760 millones de pesos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de los cuales 66.305 millones (73%) están en firme y 24.454 millones (27%) están pendientes de resolución por las apelaciones que ha realizado la
empresa.

Estos antecedentes evidencian que AngloGold Ashanti ha incumplido de manera reiterada la legislación colombiana, y que opta por obedecer ciertas normas después de haber sido sancionada o condenada por las autoridades judiciales y administrativas. Los incumplimientos de AGA ponen de presente la gravedad de que el contrato de concesión minera del proyecto se encuentre suspendido de forma indefinida desde 2017, por presuntas razones de fuerza mayor y caso fortuito. Especialmente, porque esta suspensión está sustentada, en parte, porque la empresa no ha logrado obtener las sustracciones necesarias de la Reserva Forestal Central, cuando esto no constituye una situación excepcional o fortuita. Además, el Ministerio de Ambiente está evaluando la imposición de otras sanciones por haber realizado actividades mineras sin la sustracción previa de esta reserva, por lo cual existen razones suficientes para que el Ministerio niegue dichas sustracciones.

Desde el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) y el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial – SIEMBRA, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que evalúen la viabilidad y legalidad de las autorizaciones ambientales y la concesión minera del proyecto en el marco del incumplimiento de sus obligaciones con el Estado. Es fundamental que empresas como AngloGold Ashanti, que han mostrado un historial de incumplimiento, sean sometidas a una rigurosa supervisión con el fin de proteger los derechos de las comunidades y los ecosistemas afectados por sus operaciones extractivas.